Hace pocos días recibí un correo electrónico de la agencia que se ocupó de mis impuestos en EEUU. Me informaban de la última ley aprobada en EE. UU. sobre la deuda nacional y de cómo me podría afectar. Hace más de un mes que Estados Unidos, para evitar el default, o, mejor dicho, para llamarlo con otro nombre, revocó por dos años el límite de la deuda que el Gobierno Federal puede generar. La administración Biden, con amplio consenso del Congreso, tuvo que hacerlo, porque, dicho de manera simple, y la cosa de hecho lo es, no hay plata para pagar la deuda interna y externa.
Leo periódicos argentinos y europeos casi todos los días. Ni una palabra a respecto.
Viví en EE. UU. por tres años. Y sigo pagando los impuestos. Perdón, me corrijo, sigo pidiendo un rembolso de los impuestos extra que pagué. Al trabajar en relación de dependencia, los impuestos siempre vienen retenidos desde el sueldo, según los que el Gobierno Federal de una parte, y el Gobierno Estatal de la otra, retienen que corresponda. Al año, cada ciudadano puede, a través de un trámite bastante engorroso, pedir que se vuelva a calcular cuánto de hecho le correspondía pagar según su situación real. Si pagó menos, tiene que saldar sus deudas con el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado donde vive, si pagó demás, los dos Gobiernos le rembolsan el exceso. En tres años, no conocí a nadie que se encontró con una situación de deuda. Este año mi rembolso de parte del Gobierno Federal fue de aproximativamente U$S 1.500. O sea, quiere decir que le presté (claramente de forma automática, sin explícito consentimiento) al Gobierno Federal U$S 1.500 por un año. Mientras yo no podía disponer de esta plata, la administración nacional pudo, no solamente utilizarla, sino más bien invertirla y entonces ganar en intereses. Lo mismo se repitió con el Gobierno Estatal. Por los menos en Virginia y Florida, los dos estados donde viví.
Yo no soy una excepción. El sistema está construido para que siempre haya un extra que los Gobiernos de EE. UU. puedan retener, sin que le corresponda. Este dinero se utiliza y después, si el privado ciudadano se toma el trabajo de hacer, todos los años el reclamo, se devuelve, obviamente, sin intereses. En el 2023, según la página web oficial del Gobierno Federal de EE. UU., los gastos públicos son sobre todo destinados al sector de Salud (26,9%, que incluye asistencia a militares y veteranos), de Asistencia Social (16,4%, incluido también gastos para fuerzas armadas) y de Defensa (15,1%). Tal repartición no varía mucho en los años, independientemente de la administración, Demócrata o Republicana. Para estimar el excedente de impuestos que se retienen anualmente puedo multiplicar U$S 1.500 por millones de personas. Por allí, a algunas le corresponde un reintegro más alto y a otras más bajo. De todas formas, se habla de miles de millones de dólares por año de extra sobre los impuestos que correspondería cobrar.
Y todavía no alcanzó.
No alcanzó para cubrir la deuda que, por lo que se puede leer en el sitio del Ministerio del Tesoro, hoy llegó a más de U$S 32,5 billones, más de U$S 97.000 para cada ciudadano en Estados Unidos.
El límite de deuda que el Gobierno Nacional podía contraer, hasta mayo 2023, era U$S 31.4 billones. Desde junio, por los próximos dos años, es ilimitado. Obviamente, junto con esta maniobra, se determinó como poder sanar las cajas del Gobierno con una estrategia de reducción de gastos. Más allá de la declaración de combatir la evasión fiscal (promesa que, en mi opinión, es redundante en cualquier circunstancia), desde un análisis del New York Times, esta nueva ley reduce los gastos para el sector de la seguridad pública, de la gestión de las florestas, de la asistencia social y de la investigación pública mientras que el sector militar gozará de un aumento hasta llegar a un gasto de U$S 895.000 millones en 2025.
Sin entrar en los detalles, el conjunto de las medidas de restructuración del sistema de gastos tendría que permitir ahorrar U$S 1 billón en 10 años, según la Casa Blanca, mientras que la estimación del New York Times es inferior y monta a U$S 860.000 millones. Si la deuda se mantiene estable, y no sigue aumentando, este ahorro queda, en ambas estimaciones, inferior a la diferencia actual entre el techo límite de deuda que existía hasta mayo y la deuda actual. El Congreso no emitió una ley que en principio permitiría en 10 años de volver al techo limite que existía hasta ahora, sino una ley que permite seguir endeudarse a un ritmo livianamente más lento.
El FMI releva que EE. UU. tenía en 2021 una deuda equivalente al 115,28% de su PIB, pero tiene la libertad de seguir endeudándose, a pesar de que tal endeudamiento no ayude los sectores más vulnerables de su sociedad, ni el desarrollo científico-tecnológico o la preservación del medioambiente. Entre los (así dichos) países más ricos, EE. UU. no están solos en tal situación. Las deudas en 2021, en términos de PIB, de otros Países, por ejemplo, como Francia (91,76%), Italia (146,55%), Japón (221,32%) y Reino Unidos (102,97%) son impactantes, y aún más si se comparan con Argentina (80,93%).
El FMI es una institución internacional de financiación que regulariza un sistema de créditos y débitos entre los Países. Algunos Países con un PIB más alto tienen una deuda aún más alta de su entero PIB y, por lo visto en estas semanas en EE. UU., pueden seguir endeudándose sin ningún reto de parte del Fondo. Argentina, que capitaliza un PIB inferior, tiene que negociar continuamente las condiciones de sus préstamos. Parece, entonces, que el problema de Argentina con el FMI no sea de no poder pagar las deudas, sino más bien de no ser bastante rica para no pagarla y seguir por adelante.
Quizás más de una persona criticará esta conclusión como hecho de una mirada ingenua y simplicista.
Puede ser que lo sea, o puede ser que las cosas no sean más complicadas de lo que parecen.